La Administración Central Española sentencia a los agricultores y lidera la imposición de que abandonen explotaciones para restaurar naturaleza
La UE aprueba el primer paso de la nueva ley de restauración de la naturaleza a pesar de las críticas de los agricultores y los ecologistas.
A pesar de las críticas de agricultores y ecologistas, la Unión Europea (UE) aprueba un acuerdo político sobre Ley de Restauración de la Naturaleza. El gobierno de España, nuevamente desoye las preocupaciones de nuestros agricultores y se enorgullece de la aprobación de este acuerdo, priorizando nuevamente las metas climáticas sobre los problemas de los agricultores españoles.
Esta nueva ley de restauración de la naturaleza presenta como objetivo restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030 y, a más largo plazo, restaurar todos los ecosistemas que necesiten recuperación para 2050. Estas medidas se alinean con la Estrategia sobre la Biodiversidad de la UE para 2030 y con compromisos internacionales.
El acuerdo aprobado abarca la restauración de una variada gama de ecosistemas, desde humedales hasta bosques y lechos de vegetación marina. Se fijan metas para la recuperación de hábitats en mal estado, comprometiendo a los Estados miembros a restaurar al menos el 30% de estos hábitats antes de 2030, priorizando los espacios Natura 2000. A largo plazo, se busca la restauración del 60% para 2040 y al menos el 90% para 2050. La normativa también establece la obligación de evitar el deterioro de áreas sujetas a restauración, así como de hábitats terrestres y marinos específicos. Además, aborda de manera específica la preocupante disminución de la abundancia y diversidad de los insectos polinizadores silvestres en Europa, imponiendo medidas y un sistema de seguimiento científico regular a partir de 2030 para evaluar y revertir su declive.
La recién aprobada Ley de Restauración de la Naturaleza establece directrices específicas para distintos ecosistemas. En el ámbito agrícola, exige mejoras en indicadores como el índice de mariposas y la proporción de superficie agraria con elementos paisajísticos de gran diversidad, reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo y establece metas específicas para aumentar el índice de aves comunes.
Para los ecosistemas forestales, se busca incrementar la biodiversidad y fomentar la plantación de 3,000 millones de árboles adicionales. En entornos urbanos, se prioriza el aumento de espacios verdes y se prohíbe la pérdida neta de áreas arboladas. También se impulsa la eliminación de barreras artificiales para la conectividad fluvial y se aspira a convertir 25,000 km de ríos en corrientes libres para 2030.
Este acuerdo no ha gustado a nadie, ni a los ecologistas, ni a los agricultores. Las organizaciones ecologistas -Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF- han manifestado que "es decepcionante ver las numerosas excepciones incluidas y la excesiva flexibilidad en cuanto a las obligaciones de los Estados miembros que podría llevar a la inacción".
En España, los agricultores también han manifestado nuevamente su desacuerdo, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, expresó su sorpresa ante las disposiciones relacionadas con los ecosistemas agrícolas, las cuales, según él, fueron reintroducidas sin la participación de la mayoría del Parlamento Europeo. Además, resaltó la falta de viabilidad de las medidas propuestas, ya que la inclusión de la restauración en las áreas Red Natura 2000 afectaría aproximadamente al 40% del territorio de España. Pedro Barato considera que estas medidas representan una amenaza adicional para la agricultura europea y, por consiguiente, para la sostenibilidad de las zonas rurales. Además, mostró preocupación por la ausencia de detalles sobre la financiación de estas medidas, ya que aún no se ha esclarecido quién o cómo se encargará de financiar la restauración de la naturaleza.
El pasado junio los agricultores y pescadores ya pidieron detener la Ley de Restauración de la Naturaleza en los términos que estaba planteada, el gobierno de España ha desoído la preocupación de nuestros agricultores y ganaderos, silvicultores y cazadores, y carga de nuevo contra este sector a favor de la "doctrina climática", como se refleja en las declaraciones de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, en funciones, "Nos enfrentamos a una realidad cada vez más dramática: la naturaleza y la biodiversidad de la UE están en peligro y deben protegerse. Me siento orgullosa del acuerdo".
¿Dónde quedan nuestros agricultores para el gobierno de España?.
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